El Ministerio del Trabajo de Colombia dio a conocer el proyecto de decreto que reglamentaría los artículos 8 al 23 de la Ley 2365 de 2024, una norma que busca establecer los lineamientos para prevenir, atender, proteger y reparar a las personas víctimas de acoso sexual tanto en contextos laborales como educativos. Esta reglamentación representa un paso decisivo hacia la construcción de ambientes libres de violencia, con el propósito de garantizar la igualdad, la dignidad humana y la no discriminación en los espacios donde las personas trabajan, estudian o ejercen sus derechos.
El proyecto propone la creación de un Plan Transversal para la Eliminación del Acoso Sexual, que articula acciones entre el sector público, el sector privado y las instituciones educativas. La iniciativa reconoce que la violencia sexual no solo afecta la integridad física y emocional de las víctimas, sino que también tiene un impacto directo en su estabilidad laboral, académica y social. Por ello, plantea medidas integrales que van desde la prevención hasta la reparación, buscando una respuesta coordinada y efectiva frente a esta problemática.
Desde la perspectiva laboral, el decreto introduce nuevas obligaciones para las empresas y empleadores en Colombia. Cada organización deberá adoptar políticas internas y protocolos claros para prevenir y atender casos de acoso sexual, establecer canales de denuncia confidenciales y garantizar la protección de las víctimas frente a posibles represalias. Además, se exigirá que las empresas realicen programas de capacitación periódica para sensibilizar a su personal sobre la igualdad de género, el respeto mutuo y los derechos humanos en el entorno de trabajo. El incumplimiento de estas medidas podrá derivar en sanciones administrativas, especialmente si se demuestra negligencia o falta de acción ante una denuncia.
En el ámbito educativo, la reglamentación reconoce la importancia de contar con espacios seguros para los estudiantes, docentes y personal administrativo. Por ello, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deberán implementar rutas de atención, protocolos de actuación y programas pedagógicos orientados a prevenir y sancionar el acoso sexual. El objetivo es garantizar que las víctimas reciban acompañamiento psicológico y jurídico, y que las denuncias se tramiten con confidencialidad y enfoque de derechos humanos. Este enfoque no solo protege a quienes se atreven a denunciar, sino que promueve una cultura de respeto, equidad y sana convivencia en los entornos académicos.
La Ley 2365 de 2024 ya había establecido las bases normativas para combatir el acoso sexual en Colombia, pero requería una reglamentación que definiera los mecanismos prácticos para su implementación. Los artículos 8 al 23, que ahora serán desarrollados por este decreto, abordan aspectos fundamentales como la prevención institucional, los derechos de las víctimas, las medidas de reparación integral y la articulación entre las diferentes entidades del Estado. El Ministerio del Trabajo, al publicar este proyecto, busca consolidar un marco de acción coherente que permita pasar de la norma a la práctica, y que garantice una atención efectiva para las personas afectadas por este tipo de violencia.
Esta iniciativa también se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Colombia frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados de derechos humanos que exigen la adopción de medidas concretas para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En ese sentido, el decreto no solo busca sancionar las conductas inadecuadas, sino transformar las dinámicas institucionales y culturales que las permiten, promoviendo una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
El reto ahora estará en la implementación efectiva de estas medidas. Las empresas deberán revisar sus manuales internos, ajustar sus políticas laborales y fortalecer sus comités de convivencia. Las instituciones educativas, por su parte, tendrán que garantizar entornos donde se fomente la confianza y la denuncia sea un acto protegido, no castigado. La corresponsabilidad será clave: el éxito de este plan dependerá del compromiso conjunto del Estado, las organizaciones y la sociedad civil.
La publicación del proyecto de decreto por parte del Ministerio del Trabajo representa un avance importante en la lucha contra el acoso sexual en Colombia. No se trata únicamente de una disposición legal, sino de una herramienta para construir entornos más justos, seguros e igualitarios. En Abogados en Familia, acompañamos a las personas que han sido víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral o educativo, brindando asesoría jurídica especializada para la defensa de sus derechos. Asimismo, orientamos a empresas e instituciones en la implementación de políticas de prevención, protocolos de atención y cumplimiento normativo, promoviendo una cultura de respeto y equidad.
Con la reglamentación de la Ley 2365 de 2024, Colombia reafirma su compromiso con la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación. Este decreto no solo marca un avance en materia legal, sino que también representa un cambio cultural hacia el reconocimiento pleno de la dignidad y los derechos de todas las personas.