La patria potestad es uno de los conceptos más importantes dentro del derecho de familia en Colombia, porque define los derechos y deberes que los padres tienen sobre sus hijos menores de edad no emancipados. Su finalidad no es otorgar poder, sino garantizar el bienestar y desarrollo integral del niño. De hecho, según el artículo 288 del Código Civil Colombiano, la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres para facilitar el cumplimiento de sus deberes hacia los hijos. En otras palabras, es una función jurídica orientada al interés superior del menor, principio central del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006.
El ejercicio de la patria potestad comprende la representación legal de los hijos, la administración de sus bienes y la orientación en su educación y formación. Esto significa que los padres pueden actuar en nombre de sus hijos en actos jurídicos o administrativos, manejar los bienes que estos posean y tomar decisiones sobre su crianza, siempre buscando su beneficio. Sin embargo, este ejercicio debe hacerse de manera conjunta y responsable, conforme lo establece el artículo 291 del Código Civil, y nunca puede utilizarse para vulnerar los derechos del menor. Además, la Ley 2089 de 2021 prohíbe expresamente el uso del castigo físico o humillante como método de corrección, recordando que la autoridad parental debe ejercerse con respeto y protección.
En Colombia, la patria potestad se mantiene incluso si los padres se separan o divorcian, salvo que una decisión judicial indique lo contrario. Si existen conflictos sobre su ejercicio, el juez de familia puede determinar quién la ejercerá temporalmente o incluso suspenderla cuando alguno de los padres incurra en conductas que afecten gravemente al menor, como el abandono, el maltrato o la violencia intrafamiliar. Estas situaciones están reguladas por los artículos 310 a 315 del Código Civil y respaldadas por la Ley 1098 de 2006, que prioriza el interés superior del niño sobre cualquier otro derecho.
En conclusión, la patria potestad no es un privilegio de los padres, sino una responsabilidad legal y moral que busca proteger a los hijos y asegurar que crezcan en un entorno estable, digno y seguro. Su ejercicio debe reflejar compromiso, respeto y amor, y cuando no ocurre así, el Estado tiene la facultad de intervenir para proteger los derechos del menor.
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